El pasado 22 de abril la EBA decidió pronunciarse para tratar de aclarar el alcance de sus medidas de flexibilización en materia de riesgo de mercado, SREP, planes de recuperación, resiliencia operacional en el entorno digital y riesgo tecnológico.
Valoración de instrumentos financieros
La EBA quiere reducir el impacto que la volatilidad generada por el COVID-19 puede tener en la valoración de los instrumentos a valor razonable y, por tanto, su efecto negativo sobre el capital. La regulación establece unos ajustes adicionales de valoración o AVAs (por sus siglas en inglés) para asegurar una valoración prudente de los activos a valor razonable. Estos AVAs una vez calculadas se descuentan del capital tier 1 o CET1. Además, los AVAs pueden ser calculadas según dos metodologías: principal y simplificada. Aquellos que se rigen por la primera alternativa, calculan los AVAs de manera individual para luego agregarlos teniendo en cuenta un factor de agregación. Es este factor el que pasa del inicial 50% al 66% actual que se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2020.
Requerimientos regulatorios
Adicionalmente, en consideración de las dificultades que están afrontando los bancos desde el punto de vista operacional para hacer frente a los requerimientos de información regulatoria, la EBA pospone el informe FRTB-SA hasta septiembre de 2021.
En lo que respecta a SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) la EBA adopta un enfoque pragmático para tratar de aliviar la presión operativa de los bancos en estos momentos de crisis. Así, para el ejercicio de 2020 la EBA considera que para aquellos elementos que no hayan sido afectados por la crisis o no haya cambios relevantes, se mantendrán los valores previamente asignados. No obstante, enfatiza la importancia de evaluar la viabilidad de las entidades a la hora de lograr sus necesidades de liquidez y capital.
Resiliencia
La EBA también centra su atención en los planes de recuperación y advierte a las entidades que si bien deben centrar su capacidad operativa en sus actividades principales, deben mantener continuamente actualizados, dada la rápida evolución de la crisis actual, sus planes de recuperación de la viabilidad económica y financiera en momentos de estrés. Además, ante cualquier cambio importante o infracción, las entidades deberá actualizar sus planes e informar a las autoridades competentes que serán las encargadas de monitorizar estos planes. Sin embargo, para aligerar la carga operacional, las entidades podrán centrarse exclusivamente en los aspectos clave de sus planes y posponer el resto para el siguiente ciclo de revisión.
Por otro lado, la EBA llama la atención de las entidades en lo que respecta a la gestión y los riesgos de la información y las comunicaciones en un entorno como el actual en el que la mayoría de los trabajos se están llevando a cabo de manera remota. Así, pide la implicación de la alta dirección a la hora de tomar decisiones en este ámbito con el objetivo de garantizar la seguridad y la operativa tanto de la entidad como de sus clientes. También pide a las autoridades competentes la supervisión de las decisiones que se tomen en este ámbito.
Moratoria
Por último, la EBA se ve en la obligación de aclarar el impacto en el cálculo de capital de las titulizaciones que se hayan visto afectadas por las moratorias (legislativas o no) surgidas a raíz de la crisis del COVID-19. En este sentido, la EBA señala que los activos, subyacentes de las titulaciones, que se acojan a las moratorias no podrán ser clasificados como impagados o morosos (salvo que ya estuviesen en esa situación previamente) es decir, no impactarán en el cálculo de capital. No obstante, las entidades deberán continuar monitorizando estos activos desde el punto de vista del riesgo de crédito.
Esta medida se une a las ya adoptadas por el propio BCE y otras instituciones europeas durante las últimas semanas y que pueden consultar en este artículo.
